Foto por: Lucas Bustamante
La provincia de Esmeraldas se encuentra en la costa pacífica norte del Ecuador, frontera con Colombia. Esta provincia reúne una población mayoritariamente afrodescendiente y recoge los índices de pobreza más altos del país. Con tasas de desempleo muy elevadas, viviendas precarias y falta de servicios básicos, problemas de acceso a derechos básicos como educación y salud, una de las tasas mas altas de embarazo adolescente.
Hablar de Esmeraldas en estos momentos es hablar de abandono histórico y racismo institucionalizado, todo se paraliza menos la explotación de recursos esos mismos recursos que sostienen a una elite y no se ven reflejados en la provincia, pero precariza la vida de quienes habitamos EL TERRITORIO.
Históricamente, Esmeraldas es una de las provincias del Ecuador que más sufre el abandono del Estado: el racismo, la inseguridad, la falta de políticas efectivas para su desarrollo social, económico y el acceso a una vivienda digna. En Esmeraldas, según el Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia del 2013, el 98% de las necesidades básicas están insatisfechas, la tasa de mortalidad infantil es de 37,2% —mientras que la media nacional es de 32,1%— y la tasa de analfabetismo de personas de 15 años en adelante fue de 8,3%.
Las condiciones de vida en los sectores de las periferias y comunidades rurales esmeraldeñas se ven aún más afectadas por los eventos naturales ocurridos, que dejan en evidencia la urgencia de una intervención estatal integral. Hagamos un recuento de los últimos eventos.
En el 2013, un alud dejó como saldo la muerte de 13 personas en la comunidad de Tabete, en el cantón de Esmeraldas. Múltiples familias perdieron sus viviendas. Hasta la actualidad hay familias que continúan en albergues esperando por una respuesta que les permita recuperar su vida.
En enero del 2016, el desbordamiento de los ríos Tabiazo y Esmeraldas afectó las casas de barrios populosos en el cantón de Esmeraldas. Diecisiete familias que lo perdieron todo aún no encuentran un nuevo hogar y han pasado por cuatro albergues y su supervivencia ha dependido de aportes voluntarios del sector privado, iniciativas ciudadanas, entre otros. Tres meses después, 16 de abril del 2016, el terremoto evidenció aún más las deudas del Estado en Esmeraldas, resaltando con gran preocupación los puntos del epicentro.
Y, el 26 de marzo pasado, se registró un sismo de magnitud 6.0 en el cantón Esmeraldas, según lo reportó el Instituto Geofísico de Ecuador. El movimiento telúrico ocurrió a 10 kilómetros de profundidad en el océano Pacífico y a 11,79 kilómetros de esa ciudad. Nuevamente puso en pánico a la ciudadanía y, otra vez, la ausencia del Estado.
La lentitud de respuestas y las medidas poco acertadas (municipio, prefectura y presidencia) han hecho que la ciudadanía exija una intervención estatal eficaz y que el regreso a la “normalidad” sea con trato digno.
Tres días después del reciente sismo, el Mandatario expresó que la responsabilidad de su administración es apoyar a las y los ciudadanos en momentos de angustia y por eso “denunciamos actos de evasión tributaria porque aquellos que cometen ese delito, les dan la espalda a los ecuatorianos; aquellos que pidieron o exigieron dinero a cambio de votos son aquellos que no comprenden que esos recursos sagrados son del pueblo y que deben estar a disposición para estas situaciones de desastre (…) Por fortuna el gobierno no necesita de la Asamblea para dar la mano en lo urgente, porque si no imagínense, la ayuda no les llegaría nunca”.
Hasta la fecha sin respuesta.
Esmeraldas en Crisis: tras pandemia, sicariatos y sismos
La provincia Esmeraldas, al igual que el resto del país, viene saliendo de una crisis de emergencia sanitaria que debilitó gravemente la economía y la estabilidad de la sociedad, sobre todo de quienes no tenían trabajo y vivían del día a día. Pero, cuando la situación de salud parecía mejorar y retomar la normalidad, los ciudadanos se vieron amedrentados y aterrorizados por bandas delictivas que operan dentro del territorio provincial con el fin de tener el control total para realizar actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión, sicariatos y otros.
Solo en lo que va del año 2022 se han reportado 189 muertes violentas, en la mayoría de ellas, los occisos han sido personas con antecedentes penales, lo que el comandante de la Subzona Esmeraldas Número 8, Javier Buitrón Flores, denomina “disputa de bandas”. Sin embargo, las cifras no concuerdan. Según el Ministerio de Gobierno en el año 2021, los asesinatos en Esmeraldas ascendieron a 151, pero la Policía Nacional indica que son 149, siendo el cantón Esmeraldas el que cuenta con los índices más elevados de los siete que conforman la provincia. Hay que tomar en cuenta que en estos primeros cinco meses ya se ha superado esta cifra. Se estima que se culminará el año con aproximadamente 500 crímenes de sangre.
Pero las motivaciones de estos asesinatos no son sólo bajo encargo o por ajuste de cuentas, han existido algunos casos que se han producido cuando el ciudadano se niega a entregar sus pertenencias bajo intimidación. Es así como en el año 2021 se registraron 1801 robos, entre ellos, robo a personas, robo en domicilios, robo de carros, robo de motos, robo de autopartes y robo a unidades económicas, que se produjeron mayormente en diciembre. Hasta marzo del presente año se han reportado 585 robos en la provincia, lo que ha causado que los locales comerciales cierren sus puertas de forma masiva, al ser víctimas de robo y extorsión.
A esto hay que sumar que, según los registros del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el año anterior se recibieron 35 mil 950 llamadas por seguridad ciudadana, es decir, las y los esmeraldeños llamaban a esta Línea Única de Emergencias para reportar robos, balaceras, asesinatos, entre otras acciones que ponen en riesgo su vida. Hasta el 23 de mayo del presente año, este ente ha recibido 31 mil 774 llamadas por la misma causa, siendo evidente el aumento de la inseguridad en la localidad.
No obstante, hay otras cuestiones que preocupan, como es la violencia de género de la que son víctimas las mujeres y con más frecuencia las mujeres negras. En el 2021, hubo 13 femicidios, 151 delitos de violencia intrafamiliar, 263 de violación y 186 de abuso sexual. Todos estos delitos tuvieron como principal área de acción los cantones de Esmeraldas y Quinindé, según los datos de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, volviendo a tomar como referencia los datos del ECU 911, en este mismo año se presentaron 2 mil 255 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Ante esto el jefe local de la Institución en referencia, Alex Estupiñán, ha explicado que esta situación tiene relación con la emergencia sanitaria y el confinamiento que se vivió el año anterior. Si se toma en cuenta este dato, las cifras de este año debieron reducirse, pero la realidad es otra, son ya 1974 gritos de auxilio por violencia doméstica, lo que implica que al finalizar este periodo, la cifra se duplicaría.
Las conclusiones son claras, la violencia intrafamiliar es constante. Hay una gran brecha entre los llamados de emergencia y las denuncias, más aún con las sentencias en este tipo de delitos. Es una realidad que se vive puertas adentro, muchas veces las víctimas no tienen forma de probar la difícil situación que atraviesan y que puede poner en riesgo su vida.
La última tragedia ocurrida en Esmeraldas se dio cuando muchos ciudadanos se predisponían a dormir. Eran exactamente las 23h28 del 26 de marzo del presente año, cuando un sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter sacudió a la cabecera cantonal. También hubo reportes desde otros cantones de la provincia.
El último Informe Situacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con fecha 13 de mayo del 2022, señala que 9 mil 778 personas se vieron afectadas por este sismo en los cantones de Esmeraldas, Atacames y Rioverde.
Debido a esta emergencia, el presidente de la república, Guillermo Lasso Mendoza, visitó en dos ocasiones el sector de la Delgadillo y Novena, que ha sido denominado como el “Punto Cero” del sismo. La primera visita la realizó el lunes 28 de marzo, prometió bonos y la construcción y reconstrucción de viviendas a los afectados. La segunda visita fue el 11 de abril, ahí se realizó la entrega simbólica de cheques a varios moradores del lugar.
El Primer Mandatario hizo un ofrecimiento de 270 dólares como parte del Bono de Contingencia, sin embargo, el valor que se asignó fue de 257 dólares con 32 centavos. Esto se debería a que se toma en consideración la mitad del valor actual de la canasta familiar vital. Otro ofrecimiento fue el Bono de Arriendo, una propuesta que quedó en la nada. Incluso los damnificados del sismo que estuvieron varias semanas en los albergues Margarita Cortez y Luis Vargas Torres fueron desalojados para que las y los estudiantes de dichos planteles educativos puedan retomar las clases presenciales.
El 19 de mayo, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, en compañía del gerente de la empresa Estatal Creamos Vivienda EP, Andrés Pino; la gobernadora, Tania Obando y la alcaldesa, Lucia Sosa, firmó el convenio de Transferencia de Recursos para Atención de Emergencias, mismo que pone a disposición USD 5.2 millones para la reparación de viviendas afectadas en 20 puntos del país.
Actualmente solo 4 viviendas han sido reconstruidas como parte del Plan Piloto, existen 8 mil 104 hogares más que están a la espera de que este proyecto inicie para poder tener un espacio digno donde habitar.
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